MANIFIESTO
EN DEFENSA DEL ESTADO DE BIENESTAR Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
Las decisiones que están adoptando
la mayoría de los gobiernos de recortar el gasto social, a través del deterioro
de las condiciones de trabajo y de la destrucción de empleo público, ponen en
riesgo el Estado del Bienestar, patrimonio de todos y de todas. Es deber de la
ciudadanía defenderlo y propugnar unos servicios públicos de calidad, universales,
accesibles, que respondan con eficacia a las necesidades de las personas, sobre
la base del principio de igualdad.
Tras cuatro años de profunda
crisis económica, se sigue argumentando que, para salir de ella, se requiere
una reducción del gasto social, una minoración de los sistemas fiscales y, en
definitiva, una menor presencia de la actuación de los poderes públicos en la
vida económica y social. Quienes suscribimos este Manifiesto no compartimos esa
visión y la realidad está confirmando que estas políticas no solo no han
contribuido a ir superando la crisis, sino que la están manteniendo y
agudizando; además de aumentar las desigualdades entre poblaciones y países,
conduciendo al fracaso los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la lucha
contra el hambre y la pobreza, compromisos contraídos por España y exigencia
ética de toda la sociedad.
La crisis ha incrementado las
desigualdades sociales. En España, a la desigual distribución de la renta se ha
unido un injusto sistema tributario, caracterizado por su regresividad, la
descontrolada carrera por la bajada de impuestos y las políticas de ajuste para
la reducción del gasto público, y en particular, del gasto social, que es el
que está llamado a asegurar la protección y la cohesión social y cuya reducción
supone además un injustificado derroche de recursos de la sociedad.
La crisis económica no ha afectado
a todos y a todas por igual, ni a todas las fuentes de renta con la misma
intensidad, ni toda la ciudadanía, ni todas las empresas contribuyen al
sostenimiento de los gastos públicos con arreglo a su capacidad económica. Sin
recursos suficientes, los poderes públicos no pueden desarrollar una asignación
equitativa de los recursos públicos que redunde en el progreso social y
económico y que garantice la asistencia y las prestaciones sociales para las
situaciones de necesidad.
La protección integral y la
universalización de la cobertura, parte indispensable del Estado Social, han
tenido su reflejo en las constituciones democráticas como la española, lo que
supone un mandato a los poderes públicos para que desarrollen una política
redistributiva activa que garanticen de forma real y efectiva los principios de
igualdad, libertad y participación. Por ello nos preocupa que la crisis sirva
también de excusa para un retroceso en los derechos civiles ya alcanzados, o en
el avance en los derechos constitucionales que todavía no han sido aplicados a
todos los colectivos de los empleados públicos y empleadas publicas por igual.
Igualmente queremos destacar los riesgos de aumento de la discriminación de las
mujeres o las consecuencias de la reducción de los servicios de prevención y
atención en violencia de género.
La convergencia de las políticas
de bienestar social y las propuestas relacionadas con los servicios públicos
han sido elementos esenciales en el proceso de construcción europea que, ahora,
está siendo un escenario de confrontación ideológica entre quienes defendemos la importancia del papel del
Estado como regulador, supervisor, agente económico y proveedor de servicios
sociales y de protección social, y
quienes reducen su papel a la mínima expresión y reclaman más mercado. La
ausencia, relajación e irresponsabilidad de los instrumentos de control público
de los mercados y de las propias administraciones han contribuido a la gravedad
de la crisis.
La nueva estrategia europea se
orienta hacia el saneamiento de las variables macroeconómicas y el cumplimiento
del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en detrimento de los derechos sociales
y los servicios públicos. Las propuestas de carácter neoliberal están sirviendo
a los poderes públicos como pretexto para renunciar a ejercer sus potestades de
provisión, financiación, gestión, organización, planificación y regulación, en
aras de garantizar la cobertura de necesidades y tutelar los derechos sociales
fundamentales.
Nosotros no compartimos esas
propuestas ni las actuaciones de ella derivadas. En una provincia como la nuestra, donde el
número de desempleados y desempleadas ha pasado de 89.240 personas en 2007 a 202.354 en enero de
2012, y donde los índices de pobreza en la ciudadanía aumentan de manera
imparable, consideramos que los servicios de interés general son fuente de desarrollo económico,
creación de empleo, prosperidad y cohesión social. Por ello exigimos a los Gobiernos
que rectifiquen en la
orientación de las políticas sociales, recuperando el
mantenimiento y mejora del Estado de Bienestar como uno de los ejes
fundamentales de nuestro modelo social.
Defendemos la gestión pública
directa, como mejor fórmula de procurar el acceso universal a los servicios
públicos, de favorecer la equidad y calidad de los mismos, incluyendo su acceso
en las mismas condiciones en el ámbito rural, de garantizar y tutelar el
ejercicio efectivo de los derechos subjetivos a la salud, la educación y la
atención social y de evitar desviaciones en la gestión mediante la adecuada
acción inspectora.
Exigimos la reorientación de la
política económica, retomando el objetivo de su reconversión hacia criterios de
sostenibilidad y equidad como eje de la recuperación, y no basada
exclusivamente en la reducción del déficit público a través del recorte del
gasto, pues así no se asegura el desarrollo con criterios de justicia social,
ni la creación de empleo.
Apostamos por otra salida de la crisis:
solidaria, redistributiva, que en ningún caso puede suponer la vuelta a modelos
económicos que se han mostrado injustos e ineficaces, que mantenga las políticas sociales públicas, sustentada en
unos sistemas fiscales progresivos y
suficientes y en el reforzamiento de la democracia a través de la negociación, la
concertación y la participación social.
El mantenimiento de las políticas
sociales y de igualdad es un principio y un derecho irrenunciable y las
organizaciones malagueñas firmantes de este manifiesto no van a renunciar a
ello. Ni a un modelo basado en la redistribución de la riqueza como elemento
corrector de las insuficiencias de la economía de mercado y de solidaridad
entre la ciudadanía, llevado a cabo a través de sistemas fiscales progresivos y
justos y del gasto social equitativo y eficaz, contrapuesto a los modelos
liberales que afrontan las necesidades sociales con acciones de beneficencia,
sin reconocimiento de derechos subjetivos y apelando al individualismo y al
mercado. Así, la lucha contra el fraude fiscal, o la ampliación del plazo del
cumplimiento de los objetivos de déficit son presupuestos ineludibles que han
de posibilitar un modelo social basado en la justicia y la equidad.
La reciente y precipitada reforma
constitucional, a la que nos opusimos activamente por la forma y el fondo de la
misma, introduce un límite adicional a las posibilidades de desarrollo del
modelo social, proyectando un cambio de paradigma, subordinando los objetivos
sociales y el papel del sector público a los objetivos económicos y los
intereses de mercado. En este sentido, la reciente reforma laboral introduce
nuevos mecanismos que facilitan el despido en el sector público, lo cual supone
una amenaza para todos los trabajadores y trabajadoras del sector, así como un
riesgo para la calidad, la suficiencia y la continuidad de los servicios.
Defendemos unos servicios
públicos, eficaces y eficientes, con capacidad para la gestión de las
pensiones, la prestación por desempleo, la sanidad, la educación, la atención a
la dependencia ,
el transporte, la vivienda, la seguridad pública, la promoción de la cultura,
la cooperación para el desarrollo, y los servicios de agua, gas y energía, como
fundamento de una sociedad más democrática, más igualitaria y más libre, basada
en la justicia distributiva y la universalidad, en la que las empleadas y
empleados públicos resultan imprescindibles. En España la población empleada en
el sector público es inferior al 10%, mientras que la media en la UE-15 alcanza
el 16%. Las medidas de ajuste, contención del gasto público y tasas de
reposición muy restrictivas están provocando un mayor deterioro y destrucción
del empleo público. Por ello, rechazamos cualquier medida encaminada a reducir
la presencia y protagonismo de los servicios públicos en nuestra sociedad.
El
gasto social destinado a mantener y mejorar la red pública educativa, sanitaria
y de servicios sociales, es la contribución directa que las administraciones
deben hacer para favorecer la salida de la crisis y ganar en equidad, igualdad
y justicia social. Es fundamental asimismo que la provisión de servicios sea
pública. Estos elementos le confieren un
carácter de distribuidor de la renta y de herramienta que permite articular la
equidad social y territorial.
Es fundamental la clara separación
del sector público y privado, sobre todo el lo referente a políticas sociales.
La evolución de nuestro gasto
social, históricamente deficitario, no se ha correspondido con el crecimiento
económico experimentado hasta 2007 y su reciente incremento se ha debido
básicamente al aumento del gasto en desempleo y a la aplicación de la ley de
dependencia; seguimos presentando un importante déficit con respecto a la media
europea de 4’4 puntos del PIB (6’5 puntos si excluimos el gasto en desempleo). No
podemos permitirnos, ni como país, ni como provincia, poner en riesgo la
calidad, universalidad y la equidad en los sistemas de protección social.
Las políticas de ajuste en los
servicios públicos no resuelven los problemas de los malagueños y malagueñas,
sino que provocan un agravamiento de la situación actual, por lo que la
solución pasa por invertir la ecuación y centrarse en crear medidas que
impulsen la recuperación económica para la generación de empleo.
Las organizaciones y entidades
firmantes de este Manifiesto, en base a los principios y contenidos del mismo,
se constituyen en Plataforma Social para la Defensa
del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos en la Provincia de Málaga, con el objetivo de trasladar a la
sociedad el modelo social basado en la justicia, los valores democráticos y los
derechos sociales y laborales de toda la población.
27 de febrero de 2012
ASOCIACIONES Y/O
ENTIDADES FIRMANTES DEL MANIFIESTO EN DEFENSA DEL ESTADO DE BIENESTAR Y LOS
SERVICIOS PÚBLICOS
ADRO
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AMIGOS DE BOLIVIA
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ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR
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ASOCIACIÓN ANDALULUZA POR LA
SOLIDARIAD Y LA PAZ
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ASOCIACION CLUB CULTURAL DE
TIEMPO LIBRE Y TERCERA EDAD
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ASOCIACION DE ENFERMOS
MENTALES
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ASOCIACION DEFENSA DE LA
SANIDAD PUBLICA DE MÁLAGA - ADSPMalaga
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ASOCIACION INTEGRACION DE LA
COMUNIDAD
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ASOCIACION MALAGUEÑA DE
AMISTAD CON EL PUEBLO SAHARAUI
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ASOCIACIÓN OJALÁ
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ASOCIACION PROGRESISTA DE
JUBILADOS Y PENSIONISTAS “PABLO IGLESIAS”
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ASOCIACIÓN
UNIVERSITARIA
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CARISMA JUVENIL
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CASA ARGENITA DE MALAGA
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CC.OO.
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CEPES ANDALUCIA
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CONSEJO DE BOLIVIANOS
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COORDINADORA DE INMIGRANTES
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COORDINADORA DE ONG MALAGA
SOLIDARIA
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ENTIENDE UMA
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EQUO MALAGA
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FACUA EN MALAGA
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FAMF COCEMFE
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FEDERACION DE VECINOS DE
MALAGA UNIDAD
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FEDERACION VECINOS
SOLIDARIDAD
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GITANA PALMA PALMILLA
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IZQUIERDA UNIDA POR MALAGA
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JUVENTUDES SOCIALISTAS DE
MÁLAGA
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ORGANIZACIÓN SOCIAL DE ACCION
HUMANITARIA
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PLAFORMA PARA LA LEY DE
DEPENDENCIA
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PLATAFORMA DE SOLIDARIDAD CON
LOS INMIGRANTES
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PRODIVERSIDAD-PROGRESO Y
DIVERSIDAD
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PROGRESO
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PSOE DE MÁLAGA
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SINDICATO DE ESTUDIANTES
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SINDICATO UNIFICADO DE
POLICIAS
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UGT
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UNION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES (UPA)
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UNION FEDERAL DE POLICIAS
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